“Contratar por capacidad productiva y servicio, no por el músculo financiero de las empresas”
Noticia via restauracioncolectiva.com
- • Contratación ágil y eficaz.
• Compra pública eficiente y de servicios de calidad.
• Utilización de la contratación para impulsar políticas públicas.
La jornada se celebró bajo el título ‘Les pime i la contractació pública: estratègia per als propers 4 anys’ (Las pyme y la contratación pública: estrategia para los próximos 4 años) e incluyó una mesa redonda sectorial, centrada en la compra pública alimentaria.
Tras la apertura del acto a cargo de Neus Colet, directora general de Contratación Pública y Antoni Cañete, presidente de Pimec, intervinieron: Albert Oliveres, responsable del Área de Análisis Económico de la Dirección General de Contratación Pública quien presentó un exhaustivo informe con los datos de contratación con las pymes; Anna Ciutat, subdirectora general de Regulación y Supervisión de Contratación Pública, que desgranó los ejes de actuación del proyecto de mejora de compra pública en Catalunya; y Mariona Sanz, directora general de Fons Europeus, quien habló de la oportunidad que supone para las pimes, los fondos Next Generation.
Precios fijos o valoración no superior al 20% del total de la oferta
La jornada finalizó a mediodía con la celebración de una mesa redonda, presentada y moderada por Neus Colet, sobre compra alimentaria. En ella participaron: Albert Castellanos, secretario de Empresa y Competitividad; Llorenç Llop, presidente de la Federació d’Empresarios Productors de Venda de Proximitat de Catalunya; Roger Catà, Associació d’Empresarios Productors de Venda de Proximitat de Tarragona; y David Coll, presidente de la Fundació Agrícola Catalana.
Desde el año 2015 Catalunya cuenta con un Plan de Contratación Pública Agroalimentaria que ha sido complementado recientemente con un acuerdo de Gobierno (31 de mayo 2022) que, tal como expresó Colet “se abre a un ámbito importantísimo ya que no solo se centra en la compra directa de producto alimentario, sino que vincula a los titulares de contratos que, a priori, no tienen como objeto principal la compra de producto alimentario, pero sí que lo incorporan. Me refiero a las concesiones de servicios que, entre otras prestaciones, incorporan también el servicio de compra de alimentación y, en general, a los servicios a comedores colectivos”.
Albert Castellanos centró su intervención en explicar la filosofía y detalles del acuerdo de Gobierno firmado el pasado mes de mayo del que destacó la idea de transversalidad, “se trata de un acuerdo que implica hasta a ocho departamentos diferentes porque incluye toda la contratación de productos agroalimentarios desde los centros escolares hasta los hospitales, pasando por universidades, residencias, centros de acogida… cada uno de ellos dependientes de diferentes departamentos”.
El objetivo del acuerdo es garantizar que en todos estos centros de carácter público, se consuman mayoritariamente productos frescos, de temporada, de proximidad, de producción ecológica, integrada o de calidad diferencial. Como comentó Castellanos, este objetivo supone un triple beneficio en la línea de una mejora en la calidad de los servicios de comedor y, como consecuencia, en la salud de las personas; fomento del sector primario local y de los pequeños productores; y reducción de la huella de carbono. Compra pública alimentaria, sana, justa y sostenible
Como medida de mayor impacto el nuevo acuerdo establece que, para garantizar que el precio no vaya en detrimento de la calidad del servicio en la adjudicación de los contratos, éste será fijo (si el contrato lo permite) o su valoración no supondrá nunca un porcentaje superior al 20% del total de la oferta a evaluar. Tal como comentó el secretario de Empresa y Competitividad “el objetivo es contratar por capacidad productiva y buen servicio, no por la capacidad ni el músculo financiero de las empresas”.
Salvar el campo: proyecto Llotges
Por su parte Llorenç Llop comentó que este acuerdo “es un buen principio para salvar el campo; una oportunidad para hacer cambios y seguir hacia adelante… o se da ese cambio o el campo catalán está muerto”. En este sentido tanto Llop como Roger Catà explicaron el proyecto de las Llotges agroalimentàries (lonjas agroalimentarias). Una iniciativa cuyo objetivo es la agrupación de payeses (hoy en día está constituida ya la de Lleida y este mes lo estará la de Tarragona), para poder dar respuesta a esa compra alimentaria pública cerrando el círculo entre demanda, producción y distribución.
Catá explicó que las Llotges son una herramienta para coordinar la demanda de la restauración colectiva con una oferta planificada de cultivos en el campo y precios pactados. Como consecuencia, aseguró, “obtendremos muchas ventajas como la mejor calidad del producto alimentario, mayor riqueza nutritiva o el incremento del impacto social activando la economía del territorio… en definitiva un modelo win win donde todos saldremos ganando”.
Por último David Coll, presidente de la Fundació Agrícola Catalana, incidió en la importancia del diálogo entre la administración y los productores, agradeciendo que “por primera vez, a través de este acuerdo de gobierno, sentimos que la administración da la importancia estratégica que tiene, al sector agroalimentario”.
– Vídeo completo de la jornada (catalán -3h 30'-).